La Audiencia retrata a Marlaska por excarcelar a un etarra que “no estaba capacitado para la libertad”

La Audiencia Nacional retrata en una nueva resolución al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la concesión de la semilibertad a un preso etarra. La Sala de lo Penal ha dictado un auto definitivo en el que revoca el tercer grado al etarra Íñigo Gutiérrez Carrillo porque «no está capacitado» para obtener la libertad que le ha concedido el Gobierno de Pedro Sánchez. Por este motivo, el terrorista deberá regresar a la prisión que abandonó en diciembre, gracia al Ejecutivo, sin mostrar siquiera arrepentimiento.

De esta manera, el tribunal respalda al juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, quien recordó que Marlaska le concedió la semilibertad en contra de la Junta de Tratamiento. El magistrado señaló que la prisión de Aranjuez propuso por «unanimidad el segundo grado en atención al siguiente argumento: la gravedad de los hechos delictivos, la ausencia de permisos de salida, junto con el resto de los factores, hace pensar a la Junta de Tratamiento que el régimen ordinario es, en este momento, el que mejor se adapta a las características del penado». Además, añadió, se ha concedido la libertad al etarra «siendo el pronóstico de reincidencia medio alto».

Incapacitado para la libertad

Ahora, en un nuevo auto dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los jueces añaden que el Gobierno otorgó al etarra la semilibertad basándose en «una escueta decisión que sólo afirma la existencia de una ‘cierta’ evolución positiva en la conducta del interno sin expresar en qué se basa». Además, añade, «hace una referencia genérica a circunstancias personales y penitenciarias, que no concreta, lo que sería especialmente necesario cuando esa decisión se aparta del criterio de los técnicos penitenciarios que han analizado directamente la situación del interno».

Por todo ello, la Sala determina que «careciendo de motivación suficiente el acuerdo de clasificación, no concurren datos que permitan afirmar que el interno está capacitado para llegar al régimen de semilibertad, que es lo determinante para la clasificación en tercer grado de tratamiento». Concluye: «La ausencia de permisos ordinarios que se resalta en la propuesta de la Junta de Tratamiento es indicativa de que no se ha comprobado la adaptación real del interno a una situación de mayor libertad, lo que es especialmente necesario en condenados por delitos vinculados a organización terrorista».

Íñigo Gutiérrez Carrillo ingresó en prisión el 27 de julio de 2008 y cumple una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. Este etarra se sentó en el banquillo de los acusados en el juicio por el atentado con coche-bomba contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Calahorra (La Rioja), el 21 de marzo de 2008. Sin embargo, la Audiencia Nacional le absolvió «al no haber quedado suficientemente probada su intervención en el atentado». El 27 de diciembre Marlaska le concedió la semilibertad en contra de la Junta de Tratamiento pese a tener un pronóstico medio alto de reincidencia y ni siquiera mostrarse arrepentido. La exigencia del perdón es uniforme en la doctrina de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y las cartas no se ajustan a sus criterios.

La carta presentada por Gutiérrez Carrillo no contiene una petición de perdón expreso a las víctimas de sus acciones. El condenado expresó: «Mediante el escrito vengo a realizar ante la Junta de Tratamiento de este C.P Madrid VI una declaración en la que quiero manifestar mi compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas como único medio válido para solucionar la controversia política, siendo mi voluntad apostar por recorrer el camino de la legalidad penitenciaria. Del mismo modo, quiero manifestar el reconocimiento del daño causado, así como mi empatía con el dolor de todas las víctimas».

Este no es el único beneficio que Marlaska concedió a este etarra. Durante el estado de alarma, en mayo de 2020, el Ministerio del Interior autorizó de manera extraordinaria a sus familiares para que le visitaran en la cárcel valenciana de Picassent, donde cumplía parte de su condena. La cartera de Grande-Marlaska le proporcionó un salvoconducto a la madre y cuñado de Gutiérrez Carrillo para que viajaran en vehículo desde Guecho a Valencia tras el fallecimiento del padre del miembro de la banda terrorista. Esta comunicación se realizó de manera excepcional dado que el estado de alarma no permitía desplazamiento entre comunidades autónomas. Funcionarios e internos consideraron que este privilegio suponía un trato de favor hacia un condenado, que discriminaba al resto de los reclusos.

Ahora, la Audiencia Nacional devuelve a la cárcel a este terrorista gracias al recurso interpuesto por el fiscal Carlos Bautista y al auto previo del juez José Luis Castro que revocó el tercer grado que le fue otorgado.